Transporte Público: Desde JxC proponen medidas que garanticen el buen estado de las unidades

Ante el deterioro constante que se observa en los colectivos de las diferentes líneas, los concejales Carlos Pereira, Inés Larriera y Chuchi Molina (Juntos por el Cambio) presentaron un proyecto para que desde el Ejecutivo municipal se realice una revisión integral de las unidades cada 60 días, y que las empresas estén obligadas a retirar de circulación los coches que no aprueben el chequeo. “Se repiten los hechos de roturas en los colectivos, poniendo en riesgo la integridad física de los pasajeros, de otros vehículos y de personas que circulan por el lugar”, alertaron. Preocupación porque el Municipio “no brinda información ni presenta proyecto para mejorar la situación de un sistema que está en su peor momento”.

Preocupados por el mal estado de las unidades del transporte público de pasajeros, los concejales de Juntos por el Cambio, Carlos Pereira, Inés Larriera y Chuchi Molina, presentaron un proyecto para que se adopten acciones de emergencia a los efectos de garantizar el buen estado mecánico de los colectivos y la seguridad vial. 
La propuesta establece que las unidades del transporte público deberán someterse a una revisión integral a cargo del Ejecutivo Municipal cada 60 días, y que las empresas estarán obligadas a retirar de circulación a aquellas que la inspección dictamine que no están en condiciones de circular. 
El proyecto obliga además a las empresas a remitir un informe semanal donde consten las roturas y reparaciones que se realizan con el objetivo de que el Municipio pueda realizar un seguimiento pormenorizado y, en tal caso, disponer inspecciones o medidas adicionales. Además, faculta al Ejecutivo a realizar las contrataciones necesarias a los efectos de garantizar la disponibilidad de los recursos humanos especializados y el equipamiento que sean necesarios para las tareas de inspección y revisión técnica.
“Nos preocupa el estado en que se encuentra la flota del transporte público, que debido a su estado obsoleto protagoniza cada vez más accidentes en la vía pública por desperfectos mecánicos, poniendo en riesgo la vida de pasajeros y transeúntes”, señaló Carlos Pereira. 
En ese sentido, los concejales de JxC advirtieron que el propio Municipio incumple con la normativa que regula el sistema: la Ordenanza Nº 11580, que regula el sistema de transporte público por colectivos, establece una antigüedad promedio de la flota de 6 años. Pero por lo que se puede apreciar en calle, esta antigüedad promedio se encuentra muy por arriba. 
Carlos Pereira se mostró además preocupado porque “el Intendente anunció en la apertura de sesiones del Concejo, en marzo, que iba a llamar a licitación; recién en estos días dicen que van a hacer una encuesta. El servicio sigue empeorando, y no hay ni miras de mejoras”, lamentó.

Riesgo

Carlos Pereira recordó que en los últimos días se conocieron diferentes situaciones que involucran al transporte público y pusieron en riesgo la integridad física de los pasajeros y personas que circulan por el lugar. “El caso más reciente es el de un coche de la Línea 9, que en la zona del Paseo Escalante (San Jerónimo y J. M. Zuviría), sufrió la rotura de un eje y terminó accidentado sobre un árbol”, apuntó. Pero no fue el único: en mayo un coche de la Línea 16, por rotura en el sistema de dirección, se subió al cantero central de Boulevard Pellegrini, no provocando una tragedia de casualidad; y en el mes de julio un coche de la Línea 2 se incendió cuando se encontraba circulando por la ciudad de San José del Rincón.
“Los motivos por los cuales se ha llegado a esta situación son inexplicables. El Municipio ha permitido que las empresas concesionarias retiren de circulación las unidades más nuevas. Hasta principios de 2019 el sistema venía incorporando periódicamente nuevos coches, pero hoy es prácticamente imposible ver en circulación unidades con patentes del 2015 a la fecha”, remarcaron los ediles de JxC.
También recordaron que desde el Concejo han venido insistiendo con el pedido de información relacionada con el estado de los coches -proyectos aprobados en las sesiones del 19 de mayo y del 25 de junio-, sin que se haya recibido hasta ahora ninguna información por parte del Ejecutivo, que tiene la obligación de responder en el plazo de 15 días.