Dionisio Scarpin impulsa una “Hora silenciosa” en establecimientos comerciales de la provincia

El proyecto de Ley presentado por el diputado provincial está destinado, principalmente, a la población con Trastornos del Espectro Autista y consiste en la aplicación de medidas concretas para reducir los impactos sensoriales. En otra iniciativa planteó la preocupación por la interrupción de las prestaciones a las personas con discapacidad.

El diputado provincial Dionisio Scarpin es autor de un proyecto de Ley para establecer la “Hora silenciosa” en los establecimientos comerciales santafesinos. Además, la iniciativa contempla que “Esta iniciativa busca garantizar los derechos de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), generando un ambiente favorable y espacios más gratos e inclusivos”, explicó.

El proyecto establece que durante 60 minutos -dos días a la semana y en horarios matutino y vespertino alternadamente-, los supermercados, hipermercados y shopping santafesinos deberán aplicar medidas para reducir los impactos sensoriales. “La disminución de la intensidad de las luces incandescentes, silenciar el audio de los altoparlantes, apagar televisores, equipos de música y la maquinaria ruidosa que funcionan en el interior de los establecimientos comerciales; son algunas de las acciones que contribuyen a la integración social de esta población”, detallóó el diputado provincial. 

Preocupación

Por otra parte, el diputado provincial Dionisio Scarpin presentó un proyecto de Declaración, con el objetivo de que la Cámara manifieste en conjunto la “profunda preocupación por la situación que se encuentran atravesando las personas con discapacidad a raíz de la interrupción, baja en la frecuencia y/o cese de diversas prestaciones”. Según explicó, la discontinuidad ocurre por el desfasaje entre los fondos destinados a financiar la prestación de esos servicios y la situación inflacionaria del país.

“Esto pone en grave riesgo la continuidad en la prestación de los servicios de salud, educativos y de transporte; y vulnera los derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”, indicó el legislador provincial. Además, reveló que “también está en juego la continuidad de más de 100 mil puestos de trabajo, más allá de la atención de 200 mil personas con discapacidad, que acceden a las distintas prestaciones”.