Florito volvió a pedir respuestas al ejecutivo

La diputada provincial de Encuentro Republicano Federal, Betina Florito, insistió con un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de los pacientes judiciales de la  Colonia Psiquiátrica “Dr. Abelardo Freyre” ubicada en Oliveros, localidad del departamento Iriondo, en el sur de la provincia de Santa Fe. “El Servicio Penitenciario no ha atendido las graves irregularidades que denunciamos el año pasado. En un lugar adonde debemos brindar salud hay pacientes internados que tienen problemas con la ley Penal y que no tienen criterio clínico de internación”, se quejó la dirigente de Unidos para Cambiar Santa Fe. El año pasado, a través de otro pedido de información presentado, Florito denunció graves situaciones que aún no han sido aclaradas. Como por ejemplo un paciente que murió quemado y situaciones de abusos. “Hay que separar a los internos que tienen conflictos con la ley Penal. Es grave mezclar a personas con problemas psiquiátricos, que están allí para recuperarse y que están conviviendo con personas que están a disposición de la Justicia porque han cometido un delito y que no tienen criterio de internación”, aseveró. La representante en Santa Fe de Miguel Pichetto mencionó que desde julio pasado los trabajadores del hospital están en asamblea permanente. En la semana fueron recibidos por autoridades del Tercer Nivel de Salud quienes solicitaron presentación por escrito para elevar las demandas a los ministerios de Salud y de Seguridad, respectivamente. "Si el Gobierno hubiera respondido a mi pedido del año pasado tal vez otra sería la realidad del hospital", cuestionó Florito. De acuerdo a las informes de los trabajadores hay una sala que tiene 18 personas internadas de las cuales 15 tienen problemas con la Justicia Penal. De esas 15, 12 no tienen criterio de internación. En general, hay alrededor de 125 pacientes que están alojados y conviven con 35 que tienen problemas con la ley Penal. De esos 36, 26 no tienen criterio clínico de internación. "Es decir que esas personas están ocupando un lugar, una cama que no deberían estar ocupando", explicó la legisladora. Oportunamente los trabajadores ya elevaron una nota a la dirección de la Institución para solicitar al Ministerio de Salud la declaración de emergencia del hospital. "Al menos lo que los trabajadores pretenden es tener una herramienta para que se frene el ingreso de los internos judiciales y además que los informes que elaboran los equipos de profesionales del hospital (psicólogos, psiquiatras, abogados, trabajadores sociales, enfermería) sean vinculantes a la causa para que pronto esa persona que no tiene que estar en el hospital pase a disposición de la Justicia para que ellos determinen si va a la cárcel o a las comisarías de las que provienen", explicó Florito. Por último señaló que los problemas no terminan allí. Si no que también hay reclamos salariales con unos 100 reemplazantes de emergencia que no están cobrando sus haberes o tienen retrasos de 3 o 4 meses y por la consideración de los abogados en salud mental como profesionales ya que están en el agrupamiento de Servicios Generales. Y lo propio ocurre con los Talleristas y Perimetrales, concluyó la legisladora provincial.