Procrear construcción: “es hora de que los anuncios se transformen en hechos”

Lucas Simoniello pide prorrogar plazos por la falta de respuesta por parte del gobierno nacional a cientos de personas que fueron adjudicatarias, “invirtieron miles de pesos en trámites, y que por fallas en el sistema de carga de documentación están a punto de perder la posibilidad de construir sus viviendas”.

Diferentes beneficiarios de la línea de construcción del Procrear, sorteada en octubre de 2020, denunciaron fallas en el sistema de carga de documentación, por lo que no pueden finalizar sus trámites. El concejal Lucas Simoniello elevó el reclamo al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para que se normalice una situación que para muchas familias es crítica, dada la inversión económica realizada para obtener planos y permisos.

“Sucede que, luego de salir sorteadas, las personas deben entregar documentación -entre las que se encuentra, por ejemplo, el plano del terreno donde se construirá la vivienda-. Anteriormente esa carpeta se entregaba en el banco, pero desde el año pasado se modificó y dichos papeles deben cargarse a una plataforma web. El principal problema es que estas páginas se bloquean o no responden, y cuando las personas quieren reclamar, tanto por teléfono como vía mail, no obtienen respuesta”.

“Todos celebramos, cuando suceden, los anuncios de nuevas líneas de crédito, tanto de Procrear como de Casa Propia porque significa que miles de santafesinos van a poder concretar el sueño de tener su vivienda. Sin embargo, el sistema tiene que contemplar el acompañamiento en todo el proceso a las personas que resultan adjudicatarias. De otra manera, una gran alegría e inversión familiar se pueden convertir en una enorme desilusión”.

Fecha límite

Los beneficiarios del sorteo cuentan con la fecha límite de este lunes 31 de mayo para cumplir con la entrega. Si no cumplen con la carga de la documentación necesaria, perderán no sólo la posibilidad de construir su vivienda propia, sino la inversión realizada hasta el momento, como pago de sellados o acreditaciones. “En algunos casos, puede significar el gasto de al menos $200.000 y hasta $600.000. Son inversiones que los adjudicados hicieron para poder obtener el crédito, y por una simple cuestión administrativa de la cual no obtienen respuestas ni del Estado Nacional ni del Banco Hipotecario, pueden perder no solo la inversión realizada sino la oportunidad de sus vidas”, explicó Simoniello. 

“Por eso le solicitamos al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y al Banco Hipotecario, que de manera urgente regularice el normal funcionamiento del sistema de carga de datos, y además prorrogue el plazo para la presentación de documentación. No alcanza con los anuncios y la asignación de presupuestos, el Estado debe acompañar todo el proceso de estas familias, brindando la asistencia que necesitan en cada instancia, con procedimientos claros y transparentes”.